El Ecuador se ha convertido en uno de los países pioneros, en América Latina, en institucionalizar la justicia electoral, con la creación del Tribunal Contencioso Electoral, luego de la aprobación de la Constitución del Ecuador en septiembre del 2008.

Durante este primer año de funcionamiento el TCE conoció y resolvió 740 (entre impugnaciones, apelaciones, quejas e infracciones), tras los procesos electorales del 26 de abril y del 14 de junio. Todas y cada una de las causas fueron tramitadas observando las garantías del debido proceso, y los principios de transparencia, publicidad, simplificación, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal.

Por primera vez, en la historia de la justicia electoral en nuestro país, los sujetos políticos encontraron el ejercicio de una justicia electoral imparcial, despartidizada, ágil y oportuna, lo que permitió cumplir a cabalidad con el calendario fijado para llevar adelante uno de los procesos electorales más complejos que ha vivido la democracia en las últimas tres décadas.

La separación de las funciones administrativas de las jurisdiccionales en los procesos electorales, como consecuencia del mandato constitucional que creó el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, ha dado ya sus primeros resultados positivos. Ha concluido la etapa en la cual un solo organismo era juez y parte en el desarrollo de elecciones.

La designación de los jueces electorales, luego de un proceso de postulación público, garantizó a los sujetos políticos el ejercicio de sus derechos de participación y les permitió encontrarse con una justicia electoral imparcial, que evidenció la necesaria distancia con los intereses políticos que se manifiestan en todo proceso electoral. Esto contribuyó sin duda, a que cada una de las sentencias dictadas por el Tribunal Contencioso Electoral fueran acatadas por los organismos de adminsitración electoral y los sujetos políticos, en una demostración de consistencia política y entereza moral.

El Tribunal Contencioso Electoral ha dado una respuesta efectiva, jurídica y constitucional a los sujetos políticos que acudieron a él en busca de garantizar sus derechos. Ha entregado un resultado único en la historia electoral del Ecuador: cada caso un proceso, cada proceso una tramitación procesal, cada debido proceso una sentencia jurídica electoral. En esto radica la garantía de los derechos electorales de ciudadanas y ciudadanos. La legitimidad de los ganadores de los dos últimos episodios electorales, no está en duda. El Tribunal Contencioso Electoral ha cumplido con el inmenso desafío que le encargó la Constitución de 2008, aprobada en referéndum por el pueblo ecuatoriano: institucionalizar la justicia electoral en el Ecuador.